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niños, niñas y jóvenes
viven en residencias de protección,
por una grave vulneración a sus derechos
* Septiembre 2025, Fuente SPE
Durante el año 2024, un total de 5.018 niños, niñas y adolescentes (NNA) fueron separados temporalmente de sus familias por medidas de protección judicial, debido a graves vulneraciones de derechos. Estos niños y niñas residen actualmente en 245 centros residenciales distribuidos a lo largo del país.
El 87% de estas residencias es administrado por organizaciones de la sociedad civil (OCAS), mientras que el 13% corresponde a administración directa del Estado. Las OCAS han sido históricamente pioneras en la protección y restitución de derechos de la niñez en Chile, pero hoy enfrentan una profunda crisis estructural y financiera.
Hoy en día, la gran mayoría de las residencias se enfrenta al desafío de avanzar hacia estándares de calidad muy superiores a los vigentes para abordar las múltiples y complejas necesidades de los niños, niñas y jóvenes que acogen.
Las residencias se enfrentan al reto de alcanzar estándares de calidad superiores, que garanticen un cuidado integral, afectivo y sostenido en el tiempo. Entre los principales nudos críticos destacan:
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Gestión institucional y liderazgo.
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Acompañamiento y actividades para el desarrollo integral de los NNA.
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Infraestructura y condiciones de habitabilidad.
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Capacitación permanente de los equipos.
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Financiamiento insuficiente y precariedad laboral.
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Trabajo con las familias de origen.
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Atención a la salud mental de los NNA.
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Preparación para la vida autónoma de los jóvenes egresados.
Según datos del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, en 2024 se registró un promedio diario de 429 ingresos al sistema de protección en Chile. Este número supera al de nacimientos diarios en el país, que promedian alrededor de 371 según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Esta cifra constituye una señal de alerta que se relaciona directamente con el incremento de la violencia intrafamiliar y comunitaria que afecta a la infancia en sus distintos entornos; familiares, escolares y
barriales, entre otros.
Ante este aumento de situaciones de vulneración, la capacidad del sistema de protección se ha visto sobrepasada. La oferta de dispositivos residenciales y programas especializados resulta insuficiente para responder a la demanda creciente, lo que ha derivado en fenómenos de sobrecupo, hacinamiento y deterioro de las condiciones tanto para las niñeces que requieren cuidados alternativos como para los equipos profesionales y cuidadores que desempeñan esta labor.



